Insight
Comprender la perspectiva de los inmigrantes es la clave para defender las políticas apropiadas
Los migrantes son el grupo más vulnerable cuando se trata de trabajo forzado. En Sao Paulo, cuatro de cada diez trabajadores rescatados de la esclavitud por agentes del Ministerio de Trabajo se encuentran en talleres de costura, 80% de los cuales son migrantes bolivianos.
Durante 2016 y principios del 2017, nuestro aliado Missão Paztrabajó con otras organizaciones de la sociedad civil para ayudar al gobierno a desarrollar la Nueva Ley de Migración, la cual entró en vigor en noviembre de 2017.
El objetivo principal de esta ley es asegurar que los migrantes tengan los mismos derechos, oportunidades y responsabilidades que los brasileños, además de simplificar el proceso de ingreso y residencia.
Como parte clave del proceso,Missão Paz organizó grupos de discusión con migrantes para identificar las principales barreras que enfrentan al querer acceder a sus derechos y sus ideas sobre cómo mejorar su situación. El éxito de este trabajo y su incorporación a la legislación gubernamental, demuestran la importancia de crear una estrategia de defensa con base en la experiencia real de los migrantes.
Una historia exitosa
Reducir el trabajo forzado en cadenas de suministro a nivel global
Nuestro aliado Anti-Slavery International(ASI), en colaboración con grupos de la sociedad civil, abogó ante el Parlamento Europeo por el fortalecimiento de su enfoque hacia el trabajo forzado, con especial atención en la igualdad género y los derechos de los niños.
En septiembre de 2017, la Unión Europea aprobó una resolución sobre el impacto del comercio internacional y las políticas regional relacionadas con las cadenas de valor mundial, misma que dio pie a una mayor transparencia en la información de aduanas de la Unión Europea
Esta información podría ayudar a ONGs, a defensores de derechos humanos y a las víctimas del abuso corporativo para identificar las compañías europeas que comercian con compañías que violan los derechos humanos, para que así las víctimas puedan acceder a la justicia. Esta información también podría igualar las condiciones entre las compañías que divulgan sus cadenas de suministro y las que no.